Dra. Luisa Ortega Díaz
Presidenta del Consejo Moral Republicano
Elección del Fiscal, Contralor y Defensor no puede diferirse más...
+Se viola la Constitución y la Ley al no realizarse en los plazos establecidos de 120 días antes
+La Fiscal General como garante de la legalidad y presidenta del Consejo Moral Republicano debe actuar de inmediato
Según la Ley del poder ciudadano el proceso de renovación para nombrar al Contralor, al Fiscal y al Defensor del Pueblo, debería ya haber comenzado. El artículo 25 establece: "La convocatoria del Comité de Evaluación de Postulaciones se realizará por lo menos con ciento veinte (120) días de anticipación al vencimiento del período de siete (7) años establecidos para el ejercicio del cargo correspondiente."
Lo más grave, es que los ciento veinte días que establece la ley como fecha máxima para abrir la renovación están ya vencidos y nada se sabe de la activación de la convocatoria. La propia Fiscal fue designada el día 13 de diciembre del año 2007 y a más tardar el 13 de agosto ha debido comenzar el proceso.
De la misma manera, tal y como lo señala el artículo 27 de la misma ley, es al Consejo Moral Republicano al que le corresponde fijar las normas, los procedimientos y baremos para la postulación y evaluación de los miembros del Poder Ciudadano. Lo que debe conocerse y comenzar de inmediato. Así mismo, el artículo 26 ejusdem determina: "El Consejo Moral Republicano procurará la participación del mayor número de sectores de la sociedad en la designación de los miembros del Comité de Evaluación de Postulaciones".
El contralor nacional Clodosbaldo Russián falleció hace más de tres años y dos meses y nadie fue nombrado. La vacante del contralor, uno de los tres miembros del poder ciudadano y Consejo Moral Republicano sobrepasará la mitad del periodo. Es el cargo clave en la lucha contra la corrupción y la contraloría se encuentra sin un titular designado de acuerdo a la ley. La grave omisión del poder legislativo, que ni siquiera fue llenada por el TSJ, en ningún caso deberá extenderse. El papel fiscalizador del parlamento y del poder ciudadano ha quedado violentado al no haberse nombrado un Contralor para el resto del periodo, ni iniciarse procedimiento alguno. Lo que ha sucedido no debe repetirse para ninguna de las designaciones obligatorias e inminentes, para que se realicen en los lapsos por la ley establecidos.
El parlamento debe concluir el proceso que debe iniciar el propio poder ciudadano y nombrar a más tardar en diciembre al Contralor, al Fiscal y al Defensor del Pueblo. Así como a los 3 nuevos rectores del CNE y a los 7 magistrados del TSJ, donde ya se han traspasado también los plazos legales.
El Constituyente estableció que para la designación de estos importantes cargos hace falta una mayoría calificada de las 2/3 partes del parlamento y la participación de la sociedad civil. Un amplio consenso como en la gran mayoría de los países, en razón de la independencia de los poderes y de profesionalizar y alejar estas instancias de los sesgos partidistas. Sobre esa base debería surgir un acuerdo de mucha altura en torno a personas que pudieran ejercer con dignidad tan altas magistraturas.
En el caso del Contralor, Fiscal General y Defensor del Pueblo de no lograrse el consenso establecido deberá procederse a una elección universal, directa y secreta, con lo cual las fuerzas políticas se enfrentarán de nuevo en las urnas. Nadie tiene los votos completos en la Asamblea Nacional. Tendrá que haber un acuerdo de alto nivel o el pueblo irá a las urnas antes de las parlamentarias del 2015 para elegir al poder ciudadano tal y como lo señala el artículo 279 de la Constitución: "...Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el poder electoral someterá la terna a consulta popular".
Es por todo lo anterior y a fin de evitar dilaciones que contraríen nuestra legislación, que solicitamos que como garante de la legalidad y dentro del marco de sus funciones, de inmediato aperture el proceso de selección, a fin de que se convoque a los diversos sectores de la sociedad civil que conformarán el Comité de Evaluación de postulaciones, compuesto por un número de veinticinco personas, que una vez designadas, deberán empezar a recibir las credenciales de las distintas personalidades para los distintos cargos.
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